¿Incumple la Administración su deber de Neutralidad Ideológica?
Las recientes decisiones judiciales, que han establecido que en los espacios tutelados por los poderes públicos no se pueden exhibir símbolos políticos privados, han reabierto el debate en torno al alcance y contenido del principio de neutralidad de los poderes públicos.
Se trata de una materia que debería ser pacífica debido a la claridad con la que nuestro modelo constitucional y su desarrollo legislativo se han manifestado en este terreno.
Durante años, diferentes fuerzas políticas han utilizado el escaparate que les brindan las Instituciones Públicas para lanzar sus proclamas ideológicas, empañando la neutralidad de nuestra administración. Utilizan el poder para imponer a los ciudadanos su ideología por medio de la Administración Pública. Lazos Amarillos, banderas preconstitucionales o simbología de lobbies políticos son algunos ejemplos.
¿Por qué es importante la neutralidad ideológica de las administraciones?
La neutralidad ideológica se vertebra como una de las señas de identidad de nuestro modelo político y jurídico. La neutralidad se conforma como una exigencia para la convivencia pacífica de aquellos que tienen diferentes convicciones, ideas y opiniones, en una sociedad plural y democrática.
El incumplimiento por parte de numerosos movimientos políticos y organizaciones sociales supone un ataque directo a las bases de nuestra democracia.
La significación de las administraciones con uno u otro ideario implica la discriminación del resto de la ciudadanía, es decir, no se identifica con la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones o Poderes Públicos constituidos en el Estado español.
¿Cómo puedes ayudar?
Son numerosas las ocasiones en las que la sociedad civil, organizada en torno a un objetivo común, ha logrado la aplicación de la ley frente a acciones ilegales de quienes ostentan el poder.
Con tu firma ayudarás a que la neutralidad ideológica de la Administración Pública sea una realidad para España.
Petición a las Administraciones Públicas Españolas
La Sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional señala que, „en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente en los centros docentes, han de ser, en efecto ideológicamente neutrales.”
Exigimos a las Aministraciones Públicas Españolas el más estricto respeto a la Constitución y a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como la preservación del principio de neutralidad ideológica.
Atentamente,
Ciudadanos Españoles